Hacienda rebaja el cupo y entrega 1.400 millones al País Vasco para comprar el apoyo del PNV

El Gobierno ha cedido a las exigencias del PNV para evitar la oposición del partido nacionalista al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha comprometido a entregar al ejecutivo regional vasco 1.400 millones de euros que reclamaba Íñigo Urkullu en concepto de una supuesta deuda del Estado por el cálculo indebido del cupo vasco (que es como se denomina al Concierto Económico del que disfruta esta región española).

Además, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido con el PNV a reducir la cantidad de dinero que la comunidad autónoma deberá abonar este año para financiar las competencias que no tiene transferidas (el citado cupo vasco). El Ejecutivo había fijado un desembolso de 1.200 millones de euros en los PGE de este año, que será rebajado hasta los 956 millones de euros, unos cien millones por encima de lo que solicitaban los nacionalistas al departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El pago de los 1.400 millones de euros se hará de forma progresiva para no amenazar el objetivo de déficit público pactado con la Comisión Europea. En concreto, este año se pagará el 10% y en ejercicios posteriores se abonará un 15 %, 20 %, 25 % y 30 %, respectivamente. De esta manera, en 2017 se descontarán 140 millones de euros del citado cupo de 956 millones, con lo que finalmente Euskadi pagará este año 816 millones, menos de lo que inicialmente pedía el PNV.

El consejero de Hacienda de la comunidad autónoma vasca, Pedro Azpiazu, ha indicado en rueda de prensa que el acuerdo «normaliza y regulariza» las relaciones entre el Estado y el gobierno regional. A cambio de esta cesión el PNV se comprometió a no presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de PGE para 2017 presentado por el Gobierno.

El acuerdo también contempla una rebaja de la tarifa eléctrica de las empresas para mejorar la competitividad industrial; más inversiones estatales en el País Vasco y nuevos plazos para concluir las obras de la llamada «Y vasca», una infraestructura ferroviaria que conecta las tres capitales de la comunidad y que será operativa en 2023 y conectará con Francia en 2025.

El Concierto Económico (el cupo) supone la plena autonomía financiera del País Vasco y fue creado en 1878 tras la última guerra carlista, con el objetivo de lograr una forma transitoria de integración de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que en aquella época eran provincias “exentas” y quedaban fuera del sistema tributario.

Tal como explica Mikel Buesa el mecanismo “se concibió como un sistema provisional de duración limitada a ocho años, durante los cuales las citadas provincias se irían integrando en el sistema económico español”. Sin embargo, la transitoriedad se convirtió en permanencia hasta 1937, cuando fue derogado el modelo, retomándose después con la llegada de la Transición y refrendada posteriormente en el año 2002.

Este régimen fiscal implica que las diputaciones vascas recaudan todos los impuestos y las entregan al Gobierno autonómico, que gestiona su presupuesto de forma independiente sin la participación de la Hacienda pública estatal. A cambio de este privilegio, el País Vasco paga una especie de canon (el cupo) por el supuesto coste que tienen los servicios que se derivan de las competencias estatales: defensa, representación exterior, el mantenimiento de las instituciones y las infraestructuras.

Al mismo tiempo que mantiene esta independencia fiscal, el País Vasco disfruta de la solidaridad del resto de España en materia de Seguridad Social, ya que el sistema de protección social se configura en torno a una caja única en todo el territorio español. Sin la red estatal, los jubilados vascos no podrían cobrar sus pensiones desde hace una década, ya que el déficit anual ronda los 1.800 millones de euros.

En la práctica, el País Vasco sale ganando con este modelo, rompiendo el principio de solidaridad territorial. Según los cálculos realizados por Mikel Buesa el desfase anual a favor del Gobierno autonómico es de 2.000 millones de euros, una cifra que la Agencia Tributaria reduce hasta 1.820 millones y que el académico e inspector de Hacienda, Ángel de la Fuente, eleva a 4.500 millones de euros.

La clave está en la forma de calcular el porcentaje de ingresos que debe aportar el País Vasco al Estado, sistema que se ha visto afectado por la necesidad de PSOE y PP de pactar con el PNV para formar gobierno en varios momentos de la democracia española. Y eso es lo que está ocurriendo al principio de esta Legislatura por la necesidad del Gobierno de lograr apoyos para sacar adelante las cuentas públicas sin tener mayoría parlamentaria. Los nacionalistas exigen una modificación del sistema para pagar aún menos al Estado.